Colombia es una república concebida de manera unitaria
pero estructurada para ser administrada de manera descentralizada, lo que
implica entonces una pseudo autonomía regional; si bien este esquema organizativo planteado desde de
la constitución de 1991 propende el establecimiento de un estado central fuerte
y autoritario que delega en las entidades territoriales facultades netamente
administrativas, no es un esquema nuevo ni novedoso pues ya se había
estructurado desde la constitución política de 1886 tal y como lo plantea Jaime
Vidal Perdomo[i]
y si bien podría pensarse que permitir la elección popular de alcaldes y
gobernadores es un paso hacia la eventual federalización del país, nada se
encuentra más distante de la realidad que este hecho, no obstante la
centralización del estado Colombiano con posterioridad a 1886 no ha cerrado de
manera efectiva las heridas que dejaron los constantes conflictos regionales
que fueron el pan de cada día durante el siglo XIX y que trascendieron a
conflictos políticos durante el siglo XX, pues contrario a haberse construido
de manera efectiva una identidad nacional que permitiese un desarrollo
sostenible a través del tiempo, se ha venido dando un fenómeno que ha llevado a
que gran parte de la riqueza que produce el país se encuentre focalizada en
ciertas regiones, hecho que se puede evidenciar en que de los 548 billones de
pesos que se estima valía la economía colombiana en el 2010[ii]
el 65% provenga de manera exclusiva y en su orden de Bogota, Antioquia, Valle,
Santander, Cundinamarca y Atlántico, lo que se traduce entonces en un
crecimiento desigual de estas con respecto al resto del país, sin embargo este
hecho más allá de expresar de manera efectiva la diferencia efectiva que se
presenta en el crecimiento regional, es un resultado tangible de un proceso de
industrialización y de administración de los recursos que no ha impulsado de
manera efectiva el concepto de la estructuración de una economía regional que
impulse el desarrollo efectivo de la infraestructura interna y que potencialice
la interacción con las economías externas; no obstante es clave mencionar tal y
como lo plantea Jaime Castro[iii]
es el resultado de un proceso de consolidación y concentración en la capacidad
de endeudamiento de la nación que se dio a finales del siglo XX y que
contribuyo en la construcción del aparato estatal burocratizado que nos
encontramos hoy en día.
Si partimos desde un punto de vista diferente y abordamos
el problema en el cual se encuentra el estado Colombiano hoy en día, veremos
que una de las principales causas que han contribuido de manera sistemática al
casos administrativo que vivimos es justamente el tamaño de la maquinaria
estatal y la ausencia de políticas efectivas que lleven medidas de carácter
administrativo al sector público, lo que en otras palabras se traduce en la
casi completa ausencia de gestión administrativa al interior de las entidades
estatales, no es extraño entonces que si el núcleo del estado se encuentra con
estos problemas, las entidades de orden territorial los tengan en una mayor
proporción hecho entonces que se traduce en una disminución de la efectividad
con la cual se gestionan los recursos públicos y por ende en una menor calidad
de vida de los habitantes del territorio.
Ahora bien, si bien es cierto dentro de la constitución
política se plantea el termino descentralización, cada uno de los gobiernos a
partir del año 1991 ha tratado de matizarla de diferentes maneras pensando de
manera equivocada que el aceptar de manera determinante la autonomía de las
regiones implica de manera directa un fraccionamiento de la unidad estatal y
una reducción en el poder presidencial; si bien es cierto podría presentarse
este hecho en el mediano y largo plazo, también es cierto que contribuiría de
manera efectiva en el logro de dos objetivos prerrequisitos para alcanzar una
paz sustentable y una situación que estimule de manera efectiva el desarrollo
de la nación; si partimos de una reorganización territorial del estado
Colombiano orientada a mejorar la credibilidad de los poderes regionales,
eventualmente como consecuencia tendremos reducciones significativas en
fenómenos tales como improvisación, la incompetencia, malversación, los peculados
y la corrupción, esto dado que se premiara la eficiencia administrativa y se
habrán trazado las líneas bases que estimulen el desarrollo sostenido de las
diferentes regiones que constituyen el territorio nacional este hecho concuerda
con lo planteado por el Jaime Castro[iv]
cuando hace referencia a la actual crisis política que viven muchos de los
partidos que participan en la vida democrática de la nación.
Considerando los anteriores elementos, observemos de
manera atenta la organización territorial y política del estado Colombiano,
encontramos de primera mano que a nivel territorial se tienen 32 departamentos
y 1123 municipios, los cuales se encargan de la gestión de los recursos que
ellos mismos generen y de las trasferencias que realiza el estado central de
manera directa o a través de regalías producto de la explotación de materias
primas, si tomamos en consideración el
área geográfica del país podríamos suponer erróneamente que esta división
territorial permite gestionar de manera eficiente los recursos, pero en su
lugar es producto del marcado aire independentista de los políticos de turno
quienes pretenden fortalecer sus posiciones de poder a nivel regional mediante
la creación de cacicazgos que poco o nada favorecen a los habitantes de las mismas,
este hecho lo podemos apreciar de manera notoria si observamos los
departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, los cuales son producto de la
desintegración del viejo Caldas y este a su vez es resultado de la separación
que se dio del departamento de Antioquia, esto evidenciando que no fuese
compatible encontrar un departamento con varias ciudades importantes en el
mismo; nótese que de igual manera en la cual se fragmenta el territorio,
también lo hacen los recursos destinados a inversión y se acrecientan los
gastos administrativos, lo que se traduce tal y como se ha mencionado
previamente en una disminución de la eficiencia en la gestión de los recursos
administrados; este hecho también es fácilmente apreciable si observamos de
manera detenida las entidades de carácter descentralizado, las cuales son un
fortín burocrático que tiene el poder económico representado en la gestión de
millonarios recursos destinados a la inversión social; si analizamos estos dos
puntos encontramos una disonancia con los documentos elaborados por el DNP, el
cual plantea como visión fundamental al 2019 la construcción de un estado
eficiente que promueva no solo las garantías individuales sino las colectivas,
basado en un modelo económico que sustente las condiciones de vida de los
ciudadanos; si bien es cierto que se han venido reduciendo de manera
“sostenida” las condiciones de pobreza extrema, también es cierto que se han
venido degradando de manera significativa las condiciones necesarias para
considerar un nivel de vida digno, este hecho se traduce eventualmente más en
una autocomplacencia de los dirigentes del estado que en una real trasformación
de la sociedad, pues si bien es cierto se ha profundizado en algunos aspecto la
trasformación territorial que requiere el estado Colombiano, también es cierto
que no se ha estructurado de manera objetiva un proyecto de identidad nacional
y que este debe ir ligado a una reorganización de las entidades territoriales y
descentralizadas, con el fin de trasformar el gigante burocrático en un estado
moderno y eficiente que se comporte en torno a los más altos ideales
administrativos de los modelos gerenciales del siglo XXI
[i] VIDALPERDOMO, JAIME, Derecho administrativo;
11ª edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, D.C., 1997, págs.
29 último
párrafo y 30 primer párrafo.
[ii] 65% del PIB está en seis regiones
del país. Tomado desde http://www.portafolio.co/economia/65-del-pib-esta-seis-regiones-del-pais el 7 de Junio de 2013
[iii] JAIME, CASTRO, La cuestión territorial;
Editorial Oveja Negra, 1ª edición, abril de 2002; Bogotá, D.C., pág.
33, párrafos 1º y 2º
[iv] CASTRO, JAIME, La cuestión territorial;
Editorial Oveja Negra, 1ª edición, abril de 2002; Bogotá, D.C., págs.
14, 15 y 16.
